La entidad emitió un duro comunicado en el que denuncia «un claro perjuicio al comercio». Los argumentos.
La entidad aseguró en un comunicado que la Argentina es el «único país de la región en el cual el plazo de acreditación es de 18 días hábiles, situación que al comercio le representa tanto un esfuerzo como un costo de financiamiento por un período que termina convirtiéndose en hasta 28 días corridos».
De acurdo con lo que denuncia la CAC, la situación es hasta 14 veces mayor que la de otros países de la región, «generando un claro perjuicio al comercio, al disponer los bancos de una transferencia de fondos del sector».
«En un mercado de libre competencia, el comercio debe recibir la liquidación de sus ventas con tarjetas de crédito y débito dentro de las 24 horas de realizada la transacción y sin costo financiero alguno», sostuvo.
Además, acotó que la situación «se agrava y se torna insostenible por la coyuntura económica donde las tasas de interés resultan impagables, y las restricciones de liquidez son evidenciadas ante la falta de líneas de crédito para sostener el capital de trabajo».
Esa carencia, entre otras cosas, está «perjudicando gravemente al comercio y pone así en jaque a PyMEs y grandes empresas nacionales generadoras de empleo«, manifestó la CAC. También señaló que, si bien es teóricamente posible la aceleración del pago a través de la tasa de descuento, la misma es «a una tasa tan elevada y variable que encarece aún más la operatoria».
«Luego los bancos cuestionan al comercio financiar ese capital de trabajo adicional destinado a esperar el cobro de los saldos que los propios bancos adeudan a los comercios por las liquidaciones de tarjetas de crédito», añadió.
Con relación a las ventas con tarjetas de débito, la CAC considera que deben contar con acreditación inmediata, tal como sucede con las transferencias bancarias o con algunos de los nuevos medios electrónicos de pago.
Ocurre que, actualmente, al consumidor los bancos le debitan inmediatamente el importe de su cuenta, pero no se produce la contrapartida, ya que los comercios deben esperar 72 horas hábiles, que pueden representar entre tres y cinco días corridos». La Cámara exhortó al Poder Ejecutivo y al Banco Central a intervenir, y a los diputados y senadores a modificar la legislación vigente.