Hubo sorpresa hoy entre las estaciones de servicio al enterarse que el proyecto de ley que impulsa el oficialismo para que la provincia de Buenos Aires compre combustibles solo a YPF será tratado en la Cámara de Diputados, luego de que el gobernador Axel Kicillofse comprometiera a que no se iba a avanzar con la inciativa.
En octubre pasado, el exministro de Economía recibió a la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) en la sede de la gobernación y habían acordado que el proyecto de ley no iba a prosperar, según comentaron luego de aquella reunión.
Sin embargo, en el orden del día de la Cámara de Diputados provincial, figura, además de la ley de presupuesto 2021, el proyecto que impulsa el legislador Facundo Tignanelli, representante de la agrupación La Cámpora.
La iniciativa propone que toda la administración pública provincial –incluye cuerpos de policías y de bomberos, por ejemplo–, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas le compren combustibles y lubricantes solamente a YPF para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.
Esta medida afectaría a las 1230 estaciones de servicio de marca Shell, Axion, Puma Energy, Dapsa, Gulf y las sin bandera (las llamadas «blancas»), que suman 464 bocas de expendio, según datos de Fecra. En la provincia de Buenos Aires hay 517 estaciones de servicio de marca YPF. Todas tienen en común que son pymes, pero compran el combustible a distintas refinerías.
«El gobernador entendió la problemática del sector planteada por Fecra y solicitó la ayuda de la Federación para colaborar en un plan integral para poder reducir el gasto anual en la compra de combustibles por parte de la provincia», habían dicho en la cámara empresarial, luego de la reunión con Kicillof. «Fecra agradece al gobernador la comprensión a la problemática que esto le generaba al sector», agregaron.
En la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires prefirieron no hacer comentarios al respecto.
Entre los fundamentos del Frente de Todos provincial para diseñar el proyecto señalan que en 2012 se sancionó la ley 26.741, que declara en su artículo primero «de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos».
En esa misma ley se declaró «de utilidad pública y sujeta a expropiación» el 51% del patrimonio de YPF. «Con esta ley que hoy proponemos, no solo sirve al desarrollo en materia de energía para nuestro país, sino que también la contratación entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos públicos y contribuyen a lograr el objetivo establecido por la Ley 26.741″, indica el proyecto.
«Canalizar el poder de compra del Estado hacia un ente de naturaleza pública implica también economía en los recursos y una apuesta al crecimiento de un sector estratégico para el desarrollo económico que necesitamos, en un proceso de reconstrucción de la producción, la industria y el consumo, devastados por el neoliberalismo que gobernó con Mauricio Macri presidente y María Eugenia Vida como gobernadora», señalan.
También mencionan que en «el marco de la pandemia» resulta «indispensable un uso estratégico de los recursos provinciales».
Y como antecedente, destacan el decreto 1189 de la expresidenta Cristina Kirchner (actual vicepresidenta), en 2012, en el cual se disponía que las jurisdicciones y entidades del sector público «deben contratar con YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves».
«La necesidad de buscar la independencia energética y también económica del país y de la Provincia, con el fin de plasmar un desarrollo autónomo, es lo que hoy nos lleva a proponer el presente proyecto», concluye el texto firmado por Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos.