25 de julio
Por: Francisco Olivera
Los volantes, que el sindicato repartió ayer entre empleados de estaciones de servicio bonaerenses, anticipan el comienzo de lo que, visto en perspectiva, podría definirse como una batalla contra el tiempo: rechazan la posibilidad de que, en adelante, los propios automovilistas puedan cargar combustible directamente del surtidor. Una tendencia instalada en otros países. La discusión se irá tensando porque el Gobierno tampoco está dispuesto a desdecirse y los representante de los trabajadores podría contestar con un paro.
“Atención compañeros -dice el texto difundido, firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages, que conduce Carlos Acuña, uno de los tres líderes de la CGT-. Como es de público conocimiento, el gobierno de Macri está impulsando un sistema para implementar el autoservicio en todas las estaciones del país. Esto significa automáticamente la pérdida de nuestros puestos de trabajo, es por eso que nos preparamos para una lucha contra quienes en estos tiempos de crisis nos quieren dejar en la calle”.
El argumento gremial, que integrantes de la agrupación sindical consignaron a este diario, es que una ley de la provincia de Buenos Aires prohíbe este tipo de expendio desde 2007, algo que ocurre en realidad en todo el país por un decreto de 1983 que, como única alternativa, faculta a la Secretaría de Energía a dar permisos excepcionales a operadores que lo requieran. En eso está el Gobierno: la semana próxima, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, podría autorizárselo a una estación de servicio que Axion (la refinadora de Pan American Energy) tiene en Bariloche. YPF está cerca de sumarse con una en Mendoza.
No es casual que las petroleras estén ensayando el sistema en zonas alejadas de la Capital Federal, menos expuestas a una discusión que, guste o no, viene contaminada por la campaña: Carlos Acuña, secretario general del sindicato, es un dirigente cercano a Sergio Massa, candidato a diputado del Frente de Todos, alternativa electoral que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En conversación con el sitio Surtidores.com.ar, Acuña dijo que le había transmitido días atrás la inquietud al candidato presidencial en una reunión. El gremio pretende extender la prohibición bonaerense a todo el país. “La mayoría de los sindicatos apoyan la fórmula Fernández-Fernández -contó el dirigente esta semana al programa de radio Crónica anunciada, que se emite por Futurock.FM-. El acuerdo es para sacar a este gobierno”.
La Argentina no tiene antecedentes en este sistema, que funciona desde 1982 en Europa y desde 1964 en casi todos los distritos de Estados Unidos, con excepción de Oregon y Nueva Jersey: 75% de las estaciones norteamericanas tiene al menos un surtidor con autoservicio en el que se paga al galón 10% más barato que en el resto.
Hay países que permiten la convivencia entre los dos sistemas, como Chile, donde 30% de las bocas de expendio usa la modalidad, o Brasil, que tiene descuentos del 5% por cargar por cuenta propia.
El centro de la discusión vuelve a ser el costo argentino. El Gobierno está convencido de que parte de la flexibilización laboral que la Argentina necesita para los próximos años vendrá de las ventajas que la tecnología les da a los usuarios, sin necesidad de sancionar leyes en el Congreso. Distintas manifestaciones del reciente contrapunto entre La Bancaria y Mercado Libre. Sin ir más lejos: alrededor del 6% de la facturación del expendio de combustible viene hoy con la aplicación Mercado Pago, de la empresa fundada por Marcos Galperin. “Hablan de pérdida de puestos de trabajo, pero eso es relativo: los ascensoristas o quienes encendían las luces de la ciudad de Buenos Aires tuvieron en algún momento que reconvertirse”, dijeron en una petrolera.
El frente empresarial no está, sin embargo, del todo cohesionado. Algunos propietarios de estaciones dudan por razones culturales, como la costumbre de muchos usuarios de bajar una hendija de la ventana y entregarle la llave al playero sin salir del auto, o de política gremial: los puestos de trabajo que albergan estas pymes suelen ser un buen argumento en cualquier negociación con las petroleras.
Son, probablemente, argumentos que aprovecharán los sindicalistas para sumar a su causa a la patronal. Aunque, hasta ahora, haya primando entre ambas partes una puja paralela: Acuña empezó a reclamarles a los propietarios de las estaciones el pago de horas extras para los fines de semana entre las 22 del sábado y las 24 del domingo. El argumento se sustenta en un convenio colectivo de trabajo, el 488, que homologó el Ministerio de Trabajo para una de las cámaras. Los empresarios se oponen: dicen que ese convenio no rige para todos, sino sólo para una entidad sin socios relevantes del sector a la que le endilgan una relación extremadamente cercana con el sindicato.