Son del sudoeste de Conurbano. Se debe al traspaso de la tarifa social y a la recesión. Buscan compensar el mayor gasto y disociar la recaudación del ciclo económico.
Por el mayor gasto atado a la tarifa social y para separar la recaudación al ciclo económico recesivo, los municipios del sudoeste del conurbano bonaerense analizan elevar las tasas que cobran sobre el expendio de combustibles y sobre los servicios financieros. En tanto, municipios con problemas estructurales, como general Pueyrredón (Mar del Plata), apuntan a cobrar tasas sobre las exportaciones.
“Hay mucha incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en el gasto el traspaso de la tarifa social de los servicios de transporte, electricidad y agua cuando se agote la partida presupuestaria. Porque la gente que demanda tarifa social puede aumentar el año próximo.
Por otro lado, por cómo va a golpear en la recaudación la caída en el nivel de actividad”, dio Roberto Feletti, secretario de hacienda de La Matanza. “Es razonable que muchos municipios estén pensando en tasas asociadas a actividades que no estén atadas al ciclo económico”, agregó, aunque resaltó que en su distrito no necesitará recaudación extra en 2019.
Según pudo relevar El Cronista, son los partidos del sudoeste del conurbano bonaerense, golpeados por la caída de la actividad y la desindustrialización de la zona, los que están pensando elevar la presión tributaria sobre los servicios financieros y la venta de combustible.
Algunos distritos ya cobran tasas de 1,2 a 1,3% sobre los servicios de bancos, compañías financieras, mutuales de crédito, algunas intendencias podrían estirar las tasas entre 0,8 a $1. Otras comenzarían a aplicar la alícuota, como Lomas de Zamora, que sería de $0,4 sobre el litro de nafta y de $0,15 por cada metro cúbico de GNC.
Según se explica, dependerá de la evolución de los recursos. Lo que se observa en esos distritos es que, por la caída del poder adquisitivo, podría haber mora en el pago del ABL, y se busca crear otro tipo de imposición, como la venta de combustible, porque se trata de un consumo rígido.
En tanto, Mar del Plata insiste en exigirles a los exportadores a los exportadores el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por sus ventas en el exterior. La industria pesquera, el principal exportador de General Pueyrredón, ya puso el grito en el cielo por tratarse de una propuesta “Inconstitucional”.
La presión impositiva es una queja unánime del sector privado. El presidente Mauricio Macri pidió hace 2 semanas en el Segundo Encuentro Nacional de Intendentes que las tasas que se cobran “tiene que ser por servicios que presta a os metros cuadrados que ocupa” el contribuyente y “no puede estar ligado a lo que factura”. Como sucede en Bahía Blanca.
Para el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino, “no tendría que haber problemas de recursos en los municipios. El incremento de la coparticipación que reciben las provincias tienen que generar mayores recursos para los municipios”. Y agregó: “Apuntamos a que sean responsables con la suba del gasto, que la suba de las tasas municipales no sea por encima de la inflación y que no se creen nuevas tasas”
Para el gobierno nacional, no existe alguna clase de servicio municipal vinculado con las operaciones de comercio exterior que justifiquen la imposición de un gravamen por parte de la municipalidad. Y la Constitución Nacional establece que el Estado Nacional es el único autorizado para imponer derecho de importación y exportación.
Y considera que la tasa “vial”, que encarece el precio de la nafta y el gasoil, es distorsiva e inconstitucional, porque la provincia está adherida a la ley de Coparticipación, donde se expresa que gravamen sobre los combustibles queda a criterio, solamente, del Ejecutivo Nacional. Según relevó, hoy lo cobran Campana, Hurlingham (12 centavos por litro), Malvinas Argentinas (15 centavos por litro), San Martín (18 centavos por litro), Merlo (2,5% de cada litro de Súper y 3% de la nafta Premium).
El gobierno de María Eugenia Vidal no puede evitar estas subas de tasas debido a la autonomía municipal. Sólo los que hayan adherido al pacto fiscal deben pedir autorización.
Según dijo Feletti, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 117 arrojarían superávit fiscal este año.
Fuente El Cronista